Caracas. El “crimen” de Pedro Jaimes fue tuitear. Desde @AeroMeteo, su cuenta en la red social, publicaba sobre su afición: el clima meteorológico y el espacio aéreo. Pero colgar la imagen con la ruta del avión presidencial, el 3 de mayo, cuando este volaba los cielos de Aragua, lo llevó a la cárcel el 10 de ese mismo mes, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieron sin orden judicial en Los Teques, estado Miranda.
Aunque dos días después fue presentado a tribunales, los abogados Amado Vivas y Ricardo Rosales, de la Asociación Civil Espacio Público, quienes tomaron el caso, no han podido verlo ni comunicarse con él desde entonces.
La misma historia se repite con sus familiares, quienes tienen más de 57 días sin verlo donde, suponen, se encuentra recluido: la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas. El último intento de visita fue el domingo 1° de julio, cuando le llevaron alimentos.
El caso de Jaimes no es el único que involucra la violación del derecho a la libertad de expresión en las redes sociales. Tuiteros, blogueros y usuarios de redes en general están en la mira del Gobierno.
Emblemático es el caso de la tuitera Inés Gonzólaz Arraga (@InesitaTerrible) quien pasó más de 400 días presa en el Sebin, luego de haber sido detenida el 4 de octubre de 2014 en Maracaibo, y fue imputada por los delitos de instigación al odio, ultraje a funcionario público y ultraje violento por tuitear sobre la muerte del fallecido diputado Robert Serra.
¿Acusación silenciada?
De acuerdo con fuentes judiciales, sobre Jaimes recae una acusación. Sin embargo, los defensores desconocen los cargos, pues, a más de un mes de la detención y después de acudir en siete ocasiones al tribunal, ubicado en Los Teques, tampoco se permite el acceso al expediente para revisarlo.
Presumen que pudo ser imputado por seguridad contra el Estado al informar la ruta del avión presidencial, argumento no válido para sus abogados, pues este tipo de contenido es de consumo público al encontrarse en la web.
Otro obstáculo que se suma es que ni Vivas ni Rosales están juramentados como los abogados, ya que para esto se necesita de la presencia del detenido, traslado que no cumplen los organismos después de dos intentos, el 7 y el 13 de junio. Y aunque el 28 de junio intentaron acordar un nuevo traslado, trascendió que son pocas las posibilidades de que el Sebin cumpla con la acción, indicó Vivas.
Entretanto, para Jaimes el juego luce cada vez más trancado no solo por la poca información que poseen sus defensores, sino también por las trabas que ponen las autoridades, pues, además, al detenido se le impuso un abogado público, aun cuando la familia de Jaimes mantiene contacto con los defensores de Espacio Público.
Vivas y Rosales sostienen que, con estas acciones, se viola el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual estipula que el imputado tiene derecho a ser asistido por un defensor desde el inicio de la investigación, y este puede ser asignado por sus familiares. De la misma forma, en el artículo 47 de la Constitución se señala que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares y abogado. Por lo que el derecho al debido proceso es letra muerta.
Fuente: http://cronica.uno
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