La acción se tomó como respuesta a los actos y decisiones que atentan contra la democracia y el estado de derecho en Venezuela. También se tomaron como consecuencia de las graves violaciones cometidas en contra de derechos humanos.
En particular se dio a conocer que la UE sancionó a aquellos funcionarios que participaron en las acciones de socavar los derechos electorales de la oposición en la Asamblea Nacional legítima.
Asimismo, se les sancionó por influir en el funcionamiento democrático del parlamento y cometer graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales.
Los 19 nuevos sancionados eleva a 55 el número total de personas sujetas a sanciones, que incluyen prohibiciones de viaje y congelación de activos. Las medidas incluyen además un embargo de armas y equipo para la represión interna.
Entre los sancionados se encuentran: Remigio Ceballos, comandante de la CEOFANB, Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, Indira Alfonzo, presidenta del fraudulento CNE, Tania D’Amelio, rectora del fraudulento CNE, y José Miguel Domínguez, director de las FAES. La lista incluye además varios generales de división y de brigada y magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.
Adicionalmente, incluye a varios «alacranes» que forman parte de la ilegítima AN, entre ellos José Brito y José Bernabé.
La UE introdujo por primera vez este tipo de medidas restrictivas contra los funcionarios en Venezuela en noviembre de 2017. Las acciones están diseñadas para restringir las acciones del régimen sin causar consecuencias en la población venezolana que ya atraviesa una fuerte crisis humanitaria.
El bloque europeo afirmó que seguirá colaborando y trabajando con todas las partes interesadas en Venezuela para promover el diálogo pacífico y una solución democrática a las crisis en el país.
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Fuente: Maduradas.com
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