Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, calificó este hecho como una vil extorsión que la gerencia de Corpoelec comete contra los caraqueños, obligándolos a pagar altas sumas en dólares para poder conectarles de nuevo el servicio eléctrico. “Los vecinos de la avenida Las Acacias de La Florida tienen ya 144 horas sin luz y la respuesta insultante del Gobierno es aplicarles un asalto a mano armada pidiéndoles cancelar $ 6000 para y que comprar los insumos para arreglar el transformador dañado”, dijo.
Rojas acusó al ministro de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez de complicidad ante estos hechos de corrupción que se están convirtiendo en el pan de cada día, resaltando que hechos similares han ocurrido en zonas como La Candelaria, El Cafetal y en el interior del país. “El gobierno de Nicolás Maduro si tiene dólares para grandes vallas y fiestas como el Suena Caracas debe tener recursos para garantizarle al pueblo su derecho a la energía eléctrica, ya que nosotros pagamos puntualmente nuestras facturas y la respuesta es pasar horas sin luz o sufrir subidas y bajadas de voltajes que queman nuestros aparatos eléctricos”.
El miembro de Caracas Ciudad Plural reveló que gerentes de la empresa eléctrica estatal reúnen a los vecinos como fue el caso de la avenida Las Acacias en la parroquia El Recreo, donde sin ningún pudor le emiten facturas con precios de repuestos en dólares advirtiéndoles que de no pagarlos seguirán padeciendo la falta de electricidad. “Para familias que ganamos sueldos miserables en bolívares es un insulto que el Gobierno pretenda que saquemos dólares asumiendo los ciudadanos el quiebre de Corpoelec a causa de la negligencia y corrupción de funcionarios que se robaron las divisas de los venezolanos” exclamó.
Señaló que es deber de las autoridades competentes tanto a nivel penal como político iniciar una investigación exhaustiva para dar con los culpables de esta mafia que se aprovechan del dolor del pueblo extorsionándolos para restablecerles el servicio eléctrico. “Tanto el CICPC como la propia Asamblea Nacional deben tomar cartas en el asunto, porque estos solo han sido algunos casos de las decenas en las cuales pranes disfrazados de funcionarios ejecutan una puñalada mortal en los bolsillos de los ciudadanos bajo la excusa de no contar con los recursos en la empresa que ellos mismos llevaron al cierre técnico. El ministro Mota Domínguez debe ser interpelado y poner su cargo a la orden”.
Fuente: Lapatilla.com
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