El bloque regional tiene un embargo contra Venezuela sobre la venta de armas y “equipos para la represión interna”, además de una prohibición para viajar y una congelación de activos en contra de 18 funcionarios venezolanos.
Esta medida es en respuesta a las acusaciones de abusos a los derechos cometidos por funcionarios estatales de seguridad durante las protestas antigubernamentales realizadas en enero y las elecciones presidenciales de mayo que dieron a Maduro un segundo mandato, unos comicios calificados ampliamente como una farsa.
La profunda crisis política, social y económica que vive el país petrolero ha llevado a más de dos millones de venezolanos a irse al extranjero, según Naciones Unidas.
Maduro acusa a Estados Unidos, que también impuso sanciones a funcionarios venezolanos, de dirigir una conspiración internacional en su contra.
Fuente: Panorama.com.ve
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